lunes, 25 de octubre de 2010

Un juzgado investiga al alcalde de Otura tras ser denunciado por el secretario municipal

El PSOE pide explicaciones al alcalde después de conocer esta denuncia que considera “un hecho sin precedentes y de extrema gravedad”

La secretaria general del PSOE de Otura y portavoz en el Ayuntamiento, Lydia Medina, ha reclamado al alcalde, Ignacio Fernández (PP), que dé la cara y aclare en que situación está el Ayuntamiento que preside, después de conocer las denuncias por presuntas ilegalidades interpuestas contra su persona por parte del secretario municipal.

Medina ha considerado “un hecho de extrema gravedad” que el alcalde haya sido denunciado por el secretario, que según recuerda, es el máximo fedatario de la legalidad en el Ayuntamiento. “No hay precedentes en la provincia y muy pocos a nivel nacional, como el ocurrido en este Ayuntamiento. Es un hecho excepcional por el que el alcalde deberá dar explicaciones y rendir cuentas ante la justicia y ante la ciudadanía”.

Según ha podido saber Medina, el alcalde fue denunciado a finales del pasado año ante un juzgado de lo penal, por cinco actuaciones presuntamente irregulares. El juzgado abrió diligencias de investigación y decretó el secreto del sumario.

Tras más de diez meses de investigación, el secreto del sumario se ha levantado, según ha confirmado la concejal. Por ello, ha podido conocer las presuntas irregularidades por las que el secretario ha denunciado al alcalde.

Los hechos denunciados son la emisión de facturas por la empresa de Vivienda y Suelo de Otura, sin que se acreditaran las obras o servicios realizados; la presunta contratación ilegal de la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Otura; la presunta contratación ilegal con una entidad financiera de un contrato de gestión de pagos y financiación por importe de 600.000 euros; la presunta contratación en fraude de ley de las obras de pavimento, césped artificial e iluminación en el campo de fútbol de Otura; y por último, la presunta utilización de fondos para gastos no permitidos por la ley obtenidos a través de la venta de parcelas y que constituyen patrimonio municipal de suelo. 

 

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